La capital de Perú está bajo medidas de seguridad excepcionales, con rejas metálicas frente a los principales edificios públicos, a la espera de nuevas protestas, denominada por los organizadores “La tercera toma de Lima”, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, al que acusan por el caos en el país.

En la sede del Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas de Lima, un cordón policial al frente de las rejas vigilaba la zona, lo mismo ocurría delante del Congreso, que está a unas cuadras de la residencia presidencial.

En las rutas Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, policías con escudos de plástico vigilaban en las aceras el traslado normal de vehículos.

Los promotores de las protestas, grupos de izquierda y sindicatos, anunciaron por redes sociales que las marchas en Lima comenzarían por la tarde y que esperan movilizar a miles de personas en la capital de Perú y el interior del país.

“Vamos a respetar el derecho de las personas a protestar, pero si se tornan violentas haremos uso racional de la fuerza para imponer el principio de autoridad”, dijo el jefe de la región policial de Lima, Roger Pérez.

La policía informó del despliegue de 24.000 agentes en toda el país minero, de los cuales 8.000 vigilarán la capital ante lo que los organizadores llaman “La tercera toma de Lima”.

En las anteriores protestas, que comenzaron en diciembre tras la destitución y arresto del ex presidente Pedro Castillo, murieron 67 personas en violentos enfrentamientos y bloqueos de carreteras en el país.

“Las manifestaciones serán contundentes en todo el país, con marchas pacíficas porque no buscaremos una confrontación con la policía”, dijo Jorge Pizarro, vocero de la Asamblea Nacional de los Pueblos, uno de los promotores de la protesta. Las demandas son casi las mismas: la expulsión de Boluarte, el cierre del Congreso dominado por partidos de derecha, elecciones anticipadas y una nueva Constitución.

En Arequipa, la segunda región en importancia de Perú, en el sur del país, las autoridades suspendieron las clases presenciales. La misma medida se anunció para la región turística de Cusco y la de Tacna, en la frontera con Chile.

El gobierno informó que en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Puno -que sufrieron ataques en las protestas de inicio de año- sólo se permitirá el ingreso a las personas que presenten sus boletos de embarque y documentos de identidad, para garantizar la seguridad de los viajeros.

Pobladores de áreas mineras de Perú tienen previsto apoyar esta semana las protestas. Líderes de ONG dijeron que comunidades por donde se ubica una ruta que usan importantes mineras de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, respaldan las marchas.

El desempeño minero se redujo en enero y febrero durante las protestas más letales que han azotado a Perú en más de 20 años, principalmente en el sur del país andino, luego de la destitución en diciembre del ex presidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.

“Sabemos que van a llegar algunas delegaciones (de comunidades mineras a Lima), y en sus territorios también se van a movilizar como a inicios del año”, dijo en conferencia de prensa José de Echave, de la ONG CooperAcción, una organización ambientalista que hace seguimiento a conflictos mineros.

Por el corredor minero, que atraviesa comunidades pobres en el sur andino de Perú, se transportan concentrados de minas de cobre como Las Bambas del grupo chino MMG Ltd, Antapaccay de Glencore y Constancia de Hudbay.

Tanto Antapaccay como Las Bambas vieron sus operaciones golpeadas por las protestas contra el gobierno de Boluarte, que reemplazó a Castillo, y cuya gestión se encuentra en sus peores niveles de aprobación, según varias encuestas.

El gobierno, que afirma que las protestas son una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, y extendió la emergencia en zonas clave del país, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto.

Boluarte, cuya aprobación cayó a niveles mínimos según varias encuestas, es investigada de forma preliminar por la fiscalía por delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas de principios de año.

De Echave denunció que el gobierno de Boluarte decidió la presencia de militares a través de estados de emergencia, lo que suspende la libertad de reunión y tránsito de personas. (Reuters)